Legisladores adelantaron sus posturas sobre el decreto que apropia los bienes producidos por delitos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y terrorismo. 

Por Luis Mendoza 
lmendoza@cronica.com.ar 

El

Congreso

terminará de definir entre febrero y marzo próximos la norma que habilite la "extinción de dominio" para los bienes producidos por delitos de corrupción contra el Estado, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Más allá de la vigencia del DNU 62/19 firmado por el presidente Mauricio Macri hace una semana, será el Parlamento el que avale el texto del decreto de necesidad y urgencia o sancione una ley específica para esa temática, como reclaman bloques opositores.

Desde los distintos espacios de la oposición salieron a rechazar la forma elegida por el gobierno para avanzar con la extinción de dominio, al considerar que la norma podría ser declarada "inconstitucional" por la Justicia en sus distintas instancias. Por lo pronto, el DNU debe ser ingresado formalmente al

Congreso

y a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside este año el diputado kirchnerista Marcos Cleri.

Colaboradores del legislador nacional informaron este domingo a Crónica que el decreto "todavía no ingresó" y que una vez que ello ocurra, será convocada inmediatamente. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de diez días para girar el decreto al

Congreso

y según el vocero de Cleri, lo harán "sobre el filo".

La comisión integrada por 8 senadores y 8 diputados nacionales deberá considerar el texto y emitir dictamen para su posterior debate en sesiones de ambas Cámaras legislativas. Con el previsible respaldo de los 8

legisladores

de Cambiemos, la oposición sólo podría avanzar en alcanzar el dictamen de mayoría si obtuviera las otras 8 firmas, entre ellas las de Cleri, que desnivelaría a favor del rechazo.

De todas formas, cualquiera sea el dictamen de mayoría -de aval o rechazo-, el tema quedará habilitado para ser tratado por los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado. En las próximas semanas habrá sondeos de los referentes legislativos del oficialismo con

legisladores

de Alternativa Federal y de otros bloques afines, para buscar consensos sobre la cuestión.

Por las expresiones críticas al texto del DNU y a la forma elegida por el gobierno para avanzar con la extinción de dominio, la idea sería discutir la redacción de un proyecto de ley consensuado, para que se pueda avanzar en la materia en las próximas sesiones. El diputado Cleri consideró que el DNU tiene el objetivo de "desviar la atención" y "preparar el escenario institucional" para cuando el presidente hable ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo.

"En el DNU han tratado de evitar la palabra penal en todo el texto, porque es una materia que tiene prohibida por la Constitución", señaló el legislador del FpV-PJ. Consideró que hay que "avanzar para desposeer de los bienes ilegales a todos aquellos que han cometido un delito", pero agregó que eso se debe dar "en el marco de la Constitución y de la legislación vigente, porque después las indemnizaciones que debe pagar el Estado por bienes mal sustraídos son muy grandes, más los intereses, termina siendo muy perjudicial".

Por su parte, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, advirtió sobre la "deficiente" redacción jurídica porque, a su juicio, "confunde o desconoce derechos reales, sucesiones y proceso administrativo".

El decreto

En los fundamentos del DNU, el gobierno consideró que "la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves, afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado".

Agregó que "el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado".

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