Presunta defraudación estatal por el subsidio a la novela "Mama Corazón". Hay otros ocho imputados. 

La actriz

Andrea Del Boca

, el ex ministro de Planificación Federal

Julio De Vido

y otros ocho imputados están a un paso de ser sometidos a juicio oral y público por defraudación al

Estado

por el subsidio que recibió para realizar la novela "Mamá corazón", debido a que el juez del caso ya trasladó el expediente a la fiscalía para que formule el requerimiento.

El juez federal Sebastián Ramos le pidió al fiscal Gerardo Pollicita que dictamine si corresponde que el caso ya pase a instancia de juicio oral y público o si pide previamente la realización de alguna medida de prueba. Del Boca está acusada de ser "partícipe necesaria" del delito, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM) Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.

El eje central de la acusación contra la actriz es el manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos, aunque la tira nunca se emitió. "El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora a+A Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente -Andrea del Boca- era una persona cercana al gobierno de ese entonces", indicó el fallo.

Según la investigación, en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de 25.652.160 pesos (un 76% del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.

Pero además, la empresa percibiría un 10% del total (es decir más de 3 millones de pesos) en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior. En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El propósito habría sido disimular el fin último de la suscripción de los convenios que posibilitaron el "otorgamiento discrecional" de fondos públicos a productoras privadas.

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