Aceptarían que sea cuenta de paritarias pero los gremios lo piden como "extra". Los empresarios expresaron sus quejas. 

El acuerdo por un bono de $5.000 a fin de año para todos los trabajadores privados avanzaba hasta ayer a la tarde con cierta tranquilidad: los jefes de la CGT hicieron el anuncio que desactivaba el temido paro nacional, los empresarios se quejaron, el gobierno dio el visto bueno y comenzó a redactar el decreto para que firme el presidente Mauricio Macri.

Pero un párrafo a pedido de los industriales complicó todo al cambiar la esencia de la

negociación

sobre un "extra" salarial, por una suma fija a cuenta de futuros aumentos salariales (es decir, a descontar de próximos ajustes paritarios). Los

gremios

lo rechazaron rápidamente y la forma de aplicación quedó sin definir.

En principio se estableció que será de pago obligatorio por parte de todas las empresas privadas y que el monto será de hasta $5.000, probablemente en dos partes, principios de diciembre y de enero. Habrá contemplación para compañías que no puedan pagarlo que tendrán la opción de hacerlo en más tramos.

Sin embargo, una cuestión clave puso freno a mayores definiciones. La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó públicamente su descontento  y habría exigido incluir un párrafo que permita a las empresas computar ese pago a cuenta de futuros aumentos salariales. A la mirada de los

gremios

, que habían negociado un extra para compensar la inflación teniendo en cuenta que muchos sectores aún no recibieron el total de la paritaria acordada (o aún ni cerraron la revisión), la exigencia empresarial se tornó inviable y volvieron a advertir sobre un paro.

Por la mañana, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reconoció el "impacto de la crisis" en los salarios y confirmó que el pago será obligatorio y sólo para el sector privado. En paralelo, las empresas alertaron que seis de cada diez no estarán en condiciones de afrontarlo.

Sica, por su parte, dijo que el bono sería compensatorio y no remunerativo, en dos cuotas, en principio para el sector privado. Al explicar por qué quedaría exceptuado el sector estatal, sostuvo que "hasta que el sistema público no cierre sus paritarias, sólo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto".

En ese sentido, explicó: "Pusimos el límite de $5.000 como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo". Agregó que la "idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo".

En declaraciones a radio Continental, Sica resaltó: "Venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado". "Los

gremios

planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad. Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar", indicó el ministro.

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